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Sentencia ordena consulta previa y anula contrato de exploración del Lote 116

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(Foto: Agencia Pulsar)

30 de marzo de 2017.- El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo contra la omisión de consulta en el caso del Lote 116, ubicado en el distrito de El Cenepa (Condorcanqui, Amazonas). La demanda había sido presentada en agosto de 2014 por las organizaciones indígenas ODECOFROC y CEPPAW, de los pueblos awajún y wampis. La sentencia declara la nulidad del contrato de exploración y explotación del lote petrolero y la suspensión de actividades de las empresas Maruel et Prom Perú y Pacific Stratus Energy, a cargo del proyecto.

La sentencia señala que "las entidades estatales Demandadas omitieron realizar el procedimiento de consulta previa" lo que "amenaza los derechos constitucionales de territorio, salud, identidad cultura, y vivir en ambiente sano y equilibrado". Así mismo, ordena la nulidad del D.S. N° 066-2006-EM, que aprobó la suscripción del contrato de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116, y de la R.D. N° 283-2011-MEM/AAE, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para dicha exploración.

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(Foto referencial: instalaciones de Maurel et Prom)

Así mismo, ordenar al Ministerio de Energía y Minas y a PERÚPETRO que "en caso de suscribir un nuevo contrato de licencia de exploración y en su momento realizar un nuevo EIA, estos deben ser consultados y se debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados".

Esta sentencia ha sido largamente esperada por las comunidades indígenas de la zona, quienes incluso en febrero de este año realizaron una Asamblea de líderes que se pronunció en "rechazo a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio awajún y wampis" y exigió que se "respete el derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, al territorio y a la consulta previa, que fueron vulnerados al adjudicarse el lote 116".

Ananías Shawit, uno de los líderes indígenas awajún que suscribe la demanda de amparo, manifestó su alegría y declaró al Vigilante Amazónico que "durante mucho tiempo hemos esperado la sentencia a favor del pueblo awajún y wampis. El Estado ha demorado. Ahora nos sentimos fuertes y unidos para seguir luchando contra las empresas que quieren entrar en nuestro territorio sin consulta previa".

La demanda contó con el apoyo de organizaciones de sociedad civil tales como CooperAcción, CAAAP, SAIPE y el Instituto de Defensa Legal.

 

A continuación la información de la sentencia:

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La lucha indígena por la Cordillera del Cóndor: anulan permisos a Minera Afrodita

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Luego de una dura batalla legal y después de varios años de lucha y defensa de las comunidades y organizaciones indígenas del Cenepa, el Gobierno regional de Amazonas ha decidido retroceder y anular los permisos que le otorgó a la minera Afrodita para explotar oro en la Cordillera del Cóndor.

Así en diciembre de 2016 el Gobierno Regional de Amazonas anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo propiedad del gobierno regional. Luego, el 28 de febrero de 2017, el GOREAM ha declarado improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Con estas últimas resoluciones, se confirma la actuación irregular y de mala fe de la empresa minera que insiste en explotar oro en esta parte de la Amazonía norte.

Para llegar a ello, el camino recorrido por las organizaciones indígenas en defensa de su territorio ha sido tortuoso. Indígenas awajún y wampis han interpuesto varias acciones judiciales que aún, luego de varios años, no tienen respuesta. Solo las acciones administrativas han surtido efectos, gracias a una incesante acción de denuncia indígena que ha puesto en evidencia la ilegalidad de diferentes procedimientos administrativos llevados a cabo por Afrodita y aprobados por Carlos Navas del Gobierno Regional de Amazonas (GOREAM).

Mediante dichos actos, la empresa Afrodita buscó ingresar en territorio amazónico para explotar oro a como dé lugar. Entre ellos, encontramos que se atentó contra el marco jurídico de protección del bosque otorgándose derechos sobre tierras forestales y zonas de protección; se obtuvo diferentes permisos y certificaciones ambientales mintiendo sobre sus derechos sobre el suelo; se utilizó irregularmente el régimen de la pequeña minería; se utilizaron normas derogadas para validar trámites de servidumbre sobre suelo amazónico e incluso se estableció una alianza irregular con el funcionario del Gobierno Regional, Carlos Navas, quien utilizando recursos públicos, realizó varias reuniones para publicitar los beneficios de la actividad minera de la empresa. Solo así, la empresa logró avanzar e instalar su campamento en lo alto de la Cordillera del Cóndor.

Además, como parte de una estrategia que cada vez es más común entre varios actores del sector extractivo, Afrodita se amparó en la falta de titulación de las tierras indígenas y las normas de acceso rápido a tierras para la inversión previstas por los paquetazos ambientales. Afrodita tiene amplio conocimiento del estatus indígena de estas tierras, no obstante incluso así se atrevió a solicitar en setiembre de 2016 el usufructo de posesión sobre el predio que ocupa de manera ilegal, el que fue recientemente denegado por el GOREAM. Así también los actos administrativos de otorgamiento de servidumbre, de autorización de inicio de operaciones, de inscripción del terreno como eriazo; han sido todos revocados. Tanto la Superintendencia de Bienes Nacionales como el GOREAM han exigido a la empresa desalojar el predio.

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Durante las últimas semanas cientos de líderes indígenas de El Cenepa y de las cuencas de la zona han reiterado su rechazo a la presencia de la minería en la zona. Según manifiestan, las actividades mineras en sus bosques amazónicos causan impactos ambientales y sociales cada vez más graves. Dichas organizaciones respaldan las acciones de ODECOFROC, organización indígena de El Cenepa, protagonista de la lucha contra la explotación minera en la Cordillera del Cóndor. Los dirigentes indígenas exigen el efectivo desalojo del campamento minero de Afrodita instalado en sus territorios.

No obstante, la empresa rehúsa a marcharse. En un intento desesperado, Afrodita ha logrado cooptar a un grupo de comuneros a quienes llama a "repoblar" la zona de frontera. Afrodita y sus aliados promueven la formación de organizaciones indígenas paralelas que acepten la minería de oro en el bosque, para ello les promete el 10% de sus utilidades.

El escenario de tensión se mantiene en la zona. La presencia irregular de Afrodita y su insistencia en operar fuera de la ley, promueven el conflicto y los enfrentamientos entre indígenas. No en vano, en el 2013, Afrodita fue calificada como la empresa que más conflictos sociales ocasionaba en Perú (Semana Económica 2013), además de encontrarse en la base de los reclamos del pueblo Awajun y Wampis en los lamentables hechos del Baguazo, en el 2009.

Otra vez, el caso de la minera Afrodita nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros bosques amazónicos y territorios indígenas frente a la expansión de las empresas mineras y su fiebre por el oro. Son este tipo de empresas, de actitud irresponsable y de mala fe, las que se encuentran en la base de los conflictos socio ambientales a lo largo del país.

Pronunciamiento de la Asamblea de jefes, líderes, lideresas, visionarios y jóvenes de los pueblos awajún y wampis

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(Foto referencial: SERVINDI)


Publicamos el pronunciamiento elaborado por la Asamblea de jefes, líderes, lideresas, visionarios y jóvenes de los pueblos awajún y wampis, que reunió a inicios de marzo a más de 100 líderes y lideresas de cinco cuencas de la Amazonía norte en la ciudad de Santa María de Nieva (Amazonas): 

Mediante este pronunciamiento, las Comunidades Nativas y las Organizaciones Indígenas de los pueblos Awajún y Wampis reunidos en Asamblea, amparados en instrumentos jurídicos como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la declaración de la OEA sobre derechos de Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, sociales y culturales, y demás tratados internacionales que reconocen nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas que habitamos ancestralmente este territorio. Además de la Constitución Política peruana que tiene como principio el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado como ciudadanos y ciudadanas peruanas.

Nos dirigimos a la empresa Maurel et Prom, titular del Lote petrolero 116, a la empresa Minera Afrodita S.A.C.,(ilegalmente instalada en la Cordillera del Cóndor-Ichigkat Muja), a la empresa Lorena (titular de la Central Hidroeléctrica) y al Plan Binacional Perú y Ecuador a cargo de la Carretera Interoceánica denominada Quinto Eje Vial. Así mismo a las instancias gubernamentales como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, la Oficina de Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros, al Gobierno Regional de Amazonas y a la Defensoría de Pueblo; para declarar, mediante este documento, las diferentes problemáticas que amenazan nuestros derechos colectivos: al territorio, a la vida, a un ambiente sano y equilibrado, a la identidad cultural, al propio modelo de desarrollo, a la consulta y consentimiento, y el derecho a la autodeterminación, de más de 60 mil de ciudadanos y ciudadanas indígenas que vivimos en esta parte del territorio peruano desde tiempos ancestrales.

1) Sobre el petróleo

Reiteramos nuestro pleno rechazo a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio awajún y wampis del departamento de Amazonas y Loreto. Exigimos que la empresa francesa respete el derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, al territorio y a la consulta previa, que fueron vulnerados al adjudicarse el lote 116 y luego, al iniciar las actividades de exploración sin nuestro consentimiento. Cualquier actividad de Maurel et Prom en nuestros territorios deberá tener esto en cuenta para sus obligaciones legales de diligencia debida de derechos.

Así mismo, exhortamos a que sus representantes en Perú se abstengan de promover la flexibilización de los estándares de protección ambiental para las actividades de exploración de hidrocarburos, que solo tienen como objetivo facilitar sus operaciones en territorio indígena amazónico, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles de los que dependen nuestra subsistencia y la de toda la humanidad.


2) Sobre la minería

Durante los meses de julio y agosto del 2016 cientos de líderes se han reunido para discutir y tomar decisiones respecto a la presencia de la Minera Afrodita en sus territorios ancestrales. Varias acciones legales han sido interpuestas, sin éxito. Así mismo los líderes han solicitado apoyo en reuniones de incidencia con entidades del Gobierno Central, Ministerios y Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, la empresa avanza en el territorio indígena amazónico, actuando en contra de las leyes, la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT.

• Minera Afrodita S.A.C.

La posesión de Afrodita del predio en el Cenepa, desde un inicio y hasta ahora, es de mala fe, viciada e ilegítima. La empresa conocía que su título era nulo pues se había constituido ilegalmente sobre territorio indígena. Ahora, la empresa conoce que tampoco cuenta con la servidumbre provisional, ni derechos sobre el terreno, ni con ningún derecho superficial que le permita instalar sus campamentos y operar la mina en la Cordillera del Cóndor.

Afrodita insiste de manera irresponsable y de mala fe, en explotar oro en esta parte de la Amazonía peruana a pesar de los conflictos sociales que ha causado desde los inicios su presencia en la zona, a través de concesiones mineras y del sorpresivo recorte del Parque Nacional-Ichigkat Muja. En el 2013, Afrodita fue calificada como la empresa que más conflictos sociales ocasionaba en Perú (Semana Económica 2013). Los dirigentes han remitido una carta notarial a minera Afrodita requiriéndole el cumplimiento del marco legal vigente y el retiro de sus instalaciones. Recordemos que la empresa Afrodita estuvo en la base de los reclamos del pueblo Awajún y Wampis en los lamentables hechos del Baguazo, en el 2009.

• Minería Ilegal

Habiendo insistido ante las instancias competentes del Estado la interdicción a la minería ilegal de nuestro territorio y viendo la lentitud e ineficiencia del Estado ante esta situación, hemos decidido, con el acompañamiento de la Fiscalía Especializa en Materia Ambiental – FEMA, y otras instancias competentes del Estado retirarlos de manera pacífica y voluntaria a toda minería ilegal; queremos hacer presente que cualquier situación de enfrentamiento que ocurra será bajo responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, reiterar nuestro rechazo a todo tipo de minería en territorios Awajún y Wampis; ya que la población indígena prevé un próximo desalojo a toda minería que afecte nuestra vida. Por eso demandamos que tanto el Gobierno Regional de Amazonas y el Estado Central no pueden otorgar servidumbre, ni declarar terrenos eriazos para concesión de proyectos extractivistas en bosques amazónicos e indígenas. Puesto que las consecuencias más lamentables siempre recaen en los y las ciudadanas que menos acceso tienen a decisiones políticas, económicas y sociales; lo cual es responsabilidad del Estado.

 

3) Sobre la central Hidroeléctrica

La energía es importante para nuestros pueblos y para el país. Sin embargo, antes de construir cualquier tipo de proyecto de generación de energía, es importante tener un análisis en conjunto de para qué necesitamos esa energía y si el fin, es superior a los posibles impactos. Además, necesitamos una vista a largo plazo que nos permita planificar adecuadamente qué tipo de país queremos. No podemos priorizar la explotación de energía por encima de los derechos colectivos e individuales, ni sin tomar en cuenta los impactos socio-ambientales.

Actualmente existen impactos reconocidos que afectan los derechos de los pueblos que viven y dependen cultural y materialmente en los territorios donde se han desarrollado proyectos hidroeléctricos. Es sabido que afecta la alimentación básica, especialmente proteínas del pescado en tiempo de majano (migración de peces de la amazonía baja hacia las cabeceras de cuencas), la pérdida de bosques y de tierras de cultivos. Además se interrumpe y altera la navegación fluvial – principal medio de comunicación de la zona-, ocasionando también la perdida de pequeños negocios; siendo una amenaza para el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas ubicadas en las riberas.

Un proyecto como este favorece el calentamiento del planeta y la aparición de nuevas enfermedades; ya que afecta la vida, la conservación de la biodiversidad y el cuidado del ambiente.

La Central Hidroeléctrica Lorena, a través de Amazonas Energía S.A.C, ha obtenido la concesión temporal en territorios donde se encuentra la población indígena Awajún y Wampis, mediante la Resolución Ministerial N°223-2010-MEM/DM y se encuentra en territorios de población indígena de manera inconsulta, confundiendo a la población y generando división de comunidades; lo cual causa conflictos sociales.

 

4). Sobre Carretera interoceánica Quinto Eje vial

La carretera interoceánica Quinto Eje vial a cargo del Plan Binacional Perú y Ecuador, que son parte de los acuerdos de Paz entre ambos países, no han sido consultadas con todas las Comunidades Indígenas implicadas en este proyecto. La construcción de esta carretera afecta la fauna silvestre y los ecosistemas frágiles de la zona. Además del territorio ancestral de las familias (clanes) y los derechos colectivos. Esta carretera no es prioridad de desarrollo indígena y tampoco ha sido solicitada por las comunidades de la población y organizaciones indígenas representativas. Rechazamos este proyecto de construcción de carretera amparados en los Instrumentos jurídicos como el Convenio 169, la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, la Declaración de la OEA sobre derechos de Pueblos Indígenas. Asimismo el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.

Alertamos que el peligro de esta ampliación de carretera es el incremento de la tala ilegal de madera en la zona. Además, esta construcción pasa por bosques vírgenes que es el habitad de los animales, la diversidad de árboles y la espiritualidad (Identidad primordial de la cultura indígena ancestral de la zona).

Insistimos que la mala procedencia de estos tipos de proyectos ha generado desconfianza en la relación con las instancias gubernamentales, ya que según la coyuntura hay muchos sectores del Estado involucradas en grandes actos de corrupción. Además, las empresas que piensan operar en la amazonía están involucradas en estos actos que están pensados en el interés económico de un sector empresarial y no el desarrollo que los pueblos indígenas requieren, ni de la ciudadanía en general.

En conclusión, expresamos que todo lo señalado afecta seriamente el Plan de Vida y nuestro territorio, uno de los pulmones más importantes del mundo. Nuestra prioridad es la promoción de los proyectos productivos, como el cultivo de cacao, la piscicultura, crianza de animales menores, la artesanía y la promoción del turismo comunitario. Durante estas últimas décadas hemos logrado exponer nuestros productos de cacao y artesanía a nivel nacional e internacional a través del financiamiento de la Unión Europea. Incluso esta cooperante ha felicitado públicamente esta iniciativa en una de nuestras asambleas. Últimamente estamos luchando con lograr la obtención de la marca y la certificación del cacao Awajún y Wampis. De esta manera seguimos esforzándonos en el cuidado de nuestros bosques y fuentes de agua, elementos principales de nuestra supervivencia. Razón por la cual, no vamos a aceptar los proyectos que afecten nuestro territorio, con ello la vida; ya que no es compatible con nuestro modelo de desarrollo como pueblos indígenas y como contribución para el cuidado de la biodiversidad y de la supervivencia de las generaciones venideras.


Santa María de Nieva, 10 de Marzo de 2017

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